La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncia penal contra el Concejo y algunos funcionarios por la utilización irregular de Q4,786,535.46 destinados a la inversión social.
De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento de la CGC del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el Concejo y funcionarios financieros utilizaron recursos municipales con fines distintos a los programados.
Según con el ente contralor, la cuenta contable 1241 del activo intangible bruto, estableció que se ejecutaron gastos de funcionamiento por Q2,729,375.8 correspondiente a obras de inversión social debido a que no se cumplió con los requisitos de la normativa legal aplicable.
Estos desembolsos se utilizaron para el pago de cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, viáticos a empleados municipales de la finca Florencia, plan de prestaciones al empleado municipal, así como compra de productos de limpieza.
También, la cuenta escritural 1112 del impuesto de circulación de vehículos registró que se efectuaron gastos por Q2,057,159.66 que no se destinaron al mantenimiento, mejoramiento, construcción de puentes y bordillos como lo establece la normativa aplicable.
De esta cuenta salieron pagos de planillas del bono 14, plan de prestaciones del empleado municipal, energía eléctrica, bono vacacional y por antigüedad.
Entre la normativa legal que citó la CGC están los artículos 35 y 134 del Código Municipal que advierte: “El uso indebido, ilegal y sin autorización de los recursos, gastos y desembolsos, hacen responsables administrativa o penalmente en forma solidaria al empleado y al funcionario que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso”.
Irregularidades
La CGC detectó que los jefes del presupuesto y tesorería ejecutaron compras de servicios sin atender la legislación vigente aplicable mientras que la jefa edil y el director de la Dirección de Administración Financiera Municipal (Dafim) lo aprobaron.
Además, el Concejo, alcaldesa y el director de la Dirección Municipal de Planificación (DMP) incumplieron con la normativa relacionada con los proyectos de inversión social.
Por la falta de disponibilidad de los recursos económicos para la inversión de los proyectos municipales se limitó el desarrollo del municipio, aseguró el ente contralor.
Recomendación
La CGC recomendó al Concejo que instruya a la alcaldesa y funcionarios señalados a que cumplan con la normativa legal para utilizar los recursos municipales de acuerdo a su destino planificado.
Se defienden
En su defensa, los miembros del Concejo argumentaron que actuaron ceñidos a la ley, que la ejecución del presupuesto es responsabilidad de la alcaldesa, incluso, 2 concejales admitieron desconocer su ejecución.
Por su parte, el extitular de la Dafim, Edwin Pérez, aseveró que los gastos de funcionamiento que se registraron en los proyectos de inversión social se llevaron a cabo conforme la normativa legal, lo que también sirvió de argumento para la alcaldesa.
Sin embargo, esos argumentos no convencieron al ente contralor porque no se aplicó la normativa legal establecida.
Denuncia penal
La denuncia penal por responsabilidad mancomunada está dirigida contra la alcaldesa Susana Asencio y su Concejo integrado por, Carlos Orlando Flores Vela (síndico I), Carlos Francisco Azurdia Castellanos (síndico II), Luis Alberto Asturias Archila (concejal I), Pedro José Asturias Montenegro (concejal II), María Eugenia Contreras Mejía (concejal III), Julio Roberto Roldán Samayoa (concejal IV) y Roberto Emilio Orozco Oliva (concejal V).
También contra la directora interina de la Dafim, Berena To Castillo; el jefe de Presupuesto, Iván Ronald Martínez Gómez; el director de la Dafim, Edwin Antonio Pérez Corzo; el jefe de Tesorería, José Álvaro Pérez Juárez, y el director financiero de la Dafim, Samuel Juan Gómez López.
