El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, recomendó deducir responsabilidades a los empleados municipales de Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Catarina, San Marcos, por agresiones en contra de trabajadores de la economía informal.
De acuerdo con el comunicado del PDH publicado hoy, en las redes sociales se mostraron videos en los que se observa a las autoridades municipales de Antigua Guatemala ejercer violencia y agresiones en contra de trabajadores informales. Se le retira sus productos de venta y se les impide sus actividades comerciales.
Recomendaciones
El magistrado de conciencia, recomendó a los Concejos y respectivos alcaldes que respeten la dignidad e integridad de los trabajadores informales. Giró instrucciones para iniciar los procedimientos sancionatorios al personal captado en los videos publicados.
Instó a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a girar instrucciones a las respectivas fiscalías distritales para que deduzcan responsabilidades por los motivos indicados.
Responde
El alcalde de Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, respondió al comunicado con el argumento que debería perseguirse a los diputados que aprueban las leyes. “Las leyes dicen claramente que no se permitan las ventas ambulantes, y el señor este (Jordán Rodas) debería estar preocupado de hacer cosas que fortalezcan la institucionalidad”, puntualizó.
En Antigua Guatemala no se persigue a nadie. Los agentes de la Policía Municipal continuarán cumpliendo con lo que está estipulado, precisó.
La comuna necesita poner orden y eso lo seguirá haciendo “le guste o no le guste al señor procurador”, sentenció el jefe edil.
Apoyo al PDH
Para el abogado, Eric Montes, integrante del Colectivo Antigua Exige, el PDH tiene la razón, porque su planteamiento está apegado a derecho. El colectivo rechaza cualquier acto represivo en contra de esta población vulnerable “producto de la historia colonialista del país”, dijo.
Citó el principio de igualdad a que hace referencia el artículo 4 de la Constitución Política de la República referente a la igualdad ante la ley.
Las autoridades municipales autorizaron a un grupo de empresarios de restaurantes y hoteles ocupar el espacio público para mostrar sus marcas y productos. Luego se dio la agresión a los vendedores ambulantes, recordó Montes.
Revisión
Suzanne Brichaux, integrante del Comité de Autogestión Turística (CAT), pidió revisar el reglamento que regula la venta y la exhibición de productos en la vía pública de acuerdo con el contexto histórico actual.
Recordó que las instituciones de seguridad han mantenido un comportamiento de discriminación hacia la población indígena. Las policías municipales también lo han mostrado. No le extraña que algunos guatemaltecos se sientan orgullosos de esa herencia colonial y apoyen sus agresiones, agregó.
En el país más del 70 por ciento de la población económicamente activa sobrevive de la economía informal. Sus actividades precariamente remuneradas no son registradas ni reguladas. Tampoco protegidas por la seguridad social y los marcos legales, dice el comunicado.