La Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República, manifestó su preocupación por la muerte de Luis Armando Solórzano Subuyuj, a manos de agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala y condenó estás prácticas de brutalidad policial.
En un comunicado publicado hoy, la Comisión de Reformas al Sector Justicia, 2021-2022, manifestó su profunda preocupación por la muerte de Luis Armando Solórzano Subuyuj, el pasado 28 de febrero en la ciudad colonial.
Este hecho constituye una violación de Derechos Humanos por parte de agentes de la Policía Municipal Urbana.
Agregan los congresistas que este hecho motiva llevar a cabo un análisis, discusión y revisión de la normativa para establecer en ley los roles de las policías municipales, cuya misión es el orden de los territorios para evitar atribuciones de seguridad ciudadana que le corresponde a la Policía Nacional Civil.
Investigación
Además, solicitan al Ministerio Público (MP) una investigación exhaustiva para que los medios de investigación presentados al juzgado sean suficientes, idóneos y pertinentes con la finalidad de establecer la verdad de los hechos acontecidos.
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La Comisión pide al Organismo Judicial que se deduzca la responsabilidad de los partícipes del referido hecho, pues son inadmisibles estos abusos de autoridad que condujeron a la muerte de Solórzano.
Condena
Los parlamentarios condenan estas prácticas de brutalidad policial que deben desaparecer de la cotidianidad, pues dicen que solo en un ambiente de paz y solidaridad se tendrá el país que todos queremos.
Enviaron su pesar y solidaridad a la familia de la víctima, confiados que se hará justicia para que este hecho no quede en la impunidad.
Ligados a Proceso
La jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, Mélida Vásquez, ligó a proceso a Juan Carlos Tomas López, Guillermo Salomón Noj Lara y Ángel Gustavo Jiménez Pineda.
Pero, dictó arresto domiciliario y una caución económica por cada uno de Q25 mil. No obstante, Tomas López, fue conducido al centro de detención Mariscal Zabala porque no pudo pagar el monto establecido.
Apelación
La fiscalía distrital del MP, solicitó ayer a la jueza Vásquez que deje sin efecto la resolución dictada a favor de los sindicados. En tanto, los querellantes adhesivos solicitaron a la juzgadora que se incluya a la municipalidad como tercero civilmente demandada.
