Un amparo provisional de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, favoreció a la Municipalidad de Antigua Guatemala, al ordenar al Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) dejar en suspenso lo aprobado en el punto nueve de la agenda de la sesión ordinaria del 29 de abril último en Sumpango, Sacatepéquez.
Amparo
El Amparo No. 03001-2021-00160, del 3 de mayo del 2021, interpuesto por el alcalde de Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, en contra del Codede y su presidente, Mynor López, solicitó dejar sin efecto lo aprobado en el punto nueve de la agenda de la reunión del Codede del 29 de abril último.
El propósito del Amparo consistió en lograr la restitución de los derechos violentados y como consecuencia la confirmación de lo aprobado en el punto diez de la agenda de la sesión extraordinaria del Codede del 19 de marzo pasado en San Juan Alotenango.
Apelación
El presidente del Codede, Mynor López, presentó un recurso de apelación en contra de la resolución de la Sala Regional Mixta de Apelaciones, debido a que el Amparo Provisional otorgado lesionó intereses de la municipalidad de San Juan Alotenango.
En el punto nueve de la agenda de la sesión del Codede del 29 de abril, también se aprobó la reprogramación de obras de ese municipio, lo que causa un daño aún mayor al acto reclamado, refiere el texto.
CAIMI
Derivado del Amparo y del recurso de Apelación, El Codede llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria en San Antonio Aguas Calientes, el 21 de mayo pasado.
Ese día el Codede acató lo ordenado por la Sala Regional Mixta de Apelaciones. Esto significa que los fondos de Sociedad Civil para el ejercicio fiscal 2021 están destinados al proyecto del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) con el 90 por ciento y al proyecto del edificio universitario con el 10%..
Mientras que para el 2022 el 90% está destinado al proyecto del edificio universitario y el 10% al proyecto del CAIMI. Esta disposición quedó aprobada con 22 votos.
No obstante, los integrantes de la Sociedad Civil, Evelyn Masaya, Berta Santos, William Toj y Efraín Paredes, se abstuvieron de votar debido al incumplimiento del artículo 75 de la Ley de Presupuesto que advierte que no se puede dejar sin fondos a una obra de arrastre y el edificio universitario es una de ellas.
Pozo
En tanto, San Antonio Aguas Calientes destinará este año el 90% de su presupuesto (Q3 millones 829 mil 25) a la construcción de un pozo mecánico y el 10% al edificio universitario. Mientras que para el 2022, el 90% lo destinará al edificio universitario y el 10% a otro proyecto.
Reacciones
“Acato lo ordenado por la Sala Regional Mixta de Apelaciones, pero de acuerdo con la Ley de Presupuesto y la resolución de Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) se debe priorizar las obras de arrastre”, razonó, el presidente del Codede, Mynor López.
“A la comunidad educativa les prometo que en el 2022 tendrán su edificio universitario, esto quedó establecido hoy y le daremos cumplimiento”
elwin hernández, alcalde de san antonio aguas calientes.
El jefe edil espera que el Ministerio Público (MP) desestime la denuncia que planteó el año pasado.
Al respecto, el alcalde Víctor Hugo del Pozo, se comprometió a presentar el acta firmada de la sesión del Codede del 21 de mayo a la Sala Regional Mixta de Apelaciones para dejar sin efecto el Amparo interpuesto.
Antecedentes
La Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes debió ejecutar el proyecto multianual 2019-2020 referido a la construcción del edificio para la educación superior de la Universidad de San Carlos por Q16 millones 224 mil 990 con fondos del Codede. En el 2019 la obra alcanzó el 98.5% de ejecución física y un avance financiero del 70%.
En el 2019 el alcalde Mynor López, perdió las elecciones municipales y en su lugar llegó Elwin Hernández, que ya había ocupado la silla edilicia en periodos anteriores.
En febrero del 2020 el nuevo jefe edil denunció en el MP posibles anomalías en la construcción del edificio. Esta acción tiene suspendida la ejecución de la obra y condujo a la pérdida de los recursos en el 2020.
Aporte
El sector de la Sociedad Civil cuenta con más de Q4 millones equivalente al 5% del presupuesto anual del Codede por Q82.1 millones. Este porcentaje lo sumó a lo asignado a San Antonio Aguas Calientes para la construcción del edificio universitario.
Destino
El 19 de marzo pasado, en la sesión extraordinaria del Codede que se llevó a cabo en San Juan Alotenango, la Sociedad civil acordó destinar el 90% de sus fondos a la construcción del CAIMI y el 10% al edificio universitario.
Los integrantes de ese sector argumentaron que no se arriesgarían a volver a perder los recursos. En esa reunión el lobby que hizo el representante del Cacif en el Codede y síndico de Antigua Guatemala, Otto García y del alcalde Víctor Hugo del Pozo, fue determinante.
Resolución
Sin embargo, en la sesión del Codede del 29 de abril, una resolución de la SCEP ordenó a esta instancia priorizar las obras de arrastre. El edificio universitario es una de ellas, por lo que pidió a la Sociedad Civil, orientar sus recursos al referido proyecto.
En la actualidad el edificio universitario carece de terraza en el tercer nivel, piso, acabados, puertas y ventanas. Tiene un presupuesto asignado de Q7.5 millones para su terminación.
Atraso
Una fuente de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) explicó que el proyecto del CAIMI ha sido evaluado dos veces. La primera fue el 8 de junio del 2020 y la segunda, el 30 de abril último, sin cumplir con todos los requerimientos de ley.
Hasta hoy, el proyecto carece de costos de operación y mantenimiento, luego de su construcción. Presupuesto desglosado. Manual de Operaciones. Declaración jurada de la Conred y resolución ambiental.
El expediente del proyecto no fue entregado el 31 de diciembre del 2020, tal como lo indica la ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural amplió el plazo al 30 de abril último, pero las autoridades municipales tampoco cumplieron con lo estipulado.
Otra prórroga se extendió al 7 de junio próximo, por lo que las autoridades municipales deben correr para lograr su cometido.
