Los presuntos sindicados son, Andrea María Godoy Toledo, Jueza de Asuntos Municipales y Jorge Armando Chun Loaiza, Gerente Operativo de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Ellos habrían cometido el delito de coacción y amenazas en contra de la denunciante, Nancy Arabella Duque Ruiz, representante de la entidad Casa de la Cultura de Antigua Guatemala.
En una audiencia para conocer los avances de la investigación a cargo de la Fiscalía Distrital de Sacatepéquez del Ministerio Público (MP), llevada a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, la fiscal Mélida Velásquez, informó a la jueza, Wendy Morán, que no había ninguna investigación sobre el hecho denunciado.
La fiscal argumentó que había tomado el caso recientemente y que desconocía si había alguna investigación al respecto (Expediente 03007-2021-01033). La jueza le ordenó llevar a cabo la investigación respectiva, pues es misión del MP, la investigación y la persecución penal.
Hechos
La abogada, Vilma Castellanos, que acompaña a la denunciante, recordó que el 12 de febrero del 2021, las autoridades municipales cambiaron las chapas de la puerta principal del espacio de la Casa de la Cultura, dentro del edificio del Palacio Arzobispal.
El 1 de mayo de ese mismo año, los sindicados acompañados por la Policía Municipal llevaron a cabo el desalojo del espacio de forma violenta. No contaban con la autorización de un juez competente. Esta acción condujo a la denuncia respectiva porque la posesión legitima del inmueble la tiene la entidad Casa de la Cultura de Antigua Guatemala.
A decir de, castellanos, los sindicados cometieron también abuso de autoridad y amenazas en contra de los arrendatarios de ese inmueble. Ese día se apropiaron de productos de exposición y de venta.
Tráfico de influencias
Castellanos, aseguró que el MP intentó en varias ocasiones desestimar la denuncia a favor de la Municipalidad porque existe tráfico de influencias entre estas instituciones. “En esta audiencia quedó en evidencia el favoritismo que tiene el MP con la municipalidad. Pero gracias a la jueza Morán, el MP debe investigar los delitos denunciados”, aseguró la abogada.
Sentencia
De acuerdo con la denunciante, existe una sentencia del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil en contra de la Asociación Casa de la Cultura que no corresponde al nombre de la entidad que representa (Entidad Casa de la Cultura de Antigua Guatemala). Por tanto, el desalojo constituye un acto ilegal que la municipalidad debe reparar.
Para, Castellanos, la jueza que emitió esta sentencia cometió prevaricato, pues su acción se debió al tráfico de influencias.
“El inmueble es municipal, pero exigimos que se respete el debido proceso y no las argucias con las que han actuado las autoridades municipales”, puntualizo, Duque.
