La municipalidad de La Antigua Guatemala apeló la acción constitucional de amparo Número 3001-2022-432, emitida el 30 de mayo último por la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Sacatepéquez, en contra del convenio marco de cooperación con la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Valle de Panchoy (Adepanchoy).
El 19 de noviembre de 2021 los antigüeños: Xiomara Virginia Ramírez Pappa, Edgar Faustino Elías Mazariegos, Sergio Erasmo Palacios Pellecer, Ubaldino Fuentes, Juan Domingo Pérez Flores y Juan Ignacio Ramos Ocampo (Que en paz descanse), con la procuración de la abogada María Eugenia Contreras Mejía, interpusieron el referido recurso en contra del Concejo Municipal.
El amparo obedeció a la resolución emitida por el Concejo Municipal que resolvió rechazar in limine un recurso de reposición en contra del punto Sexto del Acta 91-2021, del 16 de setiembre del 2021. Este pretendía dejar sin efecto el referido convenio porque, según los inconformes, es lesivo a los intereses del municipio.
Intereses
De acuerdo con la ciudadana, Ramírez Pappa, el argumento municipal es que no se agotó la vía administrativa. Su apelación es para que se revoque el amparo que obliga al Concejo Muncipal a entrar a conocer el recurso de reposición.
Asegura que, el convenio con Adepanchoy afecta los intereses de la mayoría de habitantes del municipio, porque los integrantes de dicha asociación son propietarios de las fincas alrededor de La Antigua Guatemala que quieren transformar por condominios.
Agrega que, el convenio también lo firmaron las autoridades municipales de Jocotenango y Ciudad Vieja, pero, no se les consultó a sus poblaciones. “Lo que exigimos es que se implemente el Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la entidad IDOM en el 2019”, precisó.
“No podemos permitir que las autoridades municipales hagan lo que les venga en gana sin que tomen en cuenta el daño que están causando al municipio por responder a los intereses del sector inmobiliario”
Virginia Xiomara Ramírez Pappa, ciudadana
Inseguridad
Para la abogada, Contreras Mejía, las acciones municipales permiten un estado de inseguridad jurídica al no acatar las resoluciones judiciales que son notificadas al Concejo Municipal. Exige al ente colegiado que acate las resoluciones judiciales a favor de la población.
Mientras tanto, Juan Domingo Pérez, asegura que todo lo que hagan las partes que firmaron ese convenio es ilegal, porque existen acciones legales pendientes de resolver.
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