Un lider comunitario y dos alcaldes auxiliares de San Gaspar Vivar y Santa Catarina Bobadilla exigen a las autoridades municipales socializar información de los proyectos para evitar conflictos.
Por Julio Sicán
La construcción del residencial Los Apóstoles, entre las aldeas de San Gaspar Vivar y Santa Catarina Bobadilla, de La Antigua Guatemala, incomdó a los vecinos del lugar. El motivo: la aprobación de la licencia de cambio de uso de suelo (PROUS05-2020) en el punto cuarto del Acta 58-2022 del concejo municipal.
Por ello el lider comunitario, Carlos Conrado García, junto a Maura Liliana Monzón de Quezada, alcaldesa auxiliar de Santa Catarina Bobadilla, y Erik Orlando García, alcalde auxiliar de San Gaspar Vivar, interpusieron un recurso de reposición.
Sin embargo, el concejo municipal lo rechazó in límine (sin entrar a conocer) al argumentar que en el encabezado se consignó como recurso de revocatoria en lugar de recurso de reposición.
Esta acción condujo a García a interponer un recurso de amparo en la Sala Regional Mixta de Apelaciones, constituida en Tribunal de Amparo. Y se lo otorgó, dejó sin valor y efectos legales el punto octavo del acta 68-2022 del 20 de junio del 2022, referente al rechazo in límine.
El alcalde, Víctor Hugo del Pozo, en representación del concejo municipal elevó la discusión hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) donde interpuso un recurso de apelación.
La abogada, Karen Licel Cisneros, en representación del líder comunitario y los dos alcaldes auxilliares, se presentó a la audiencia de apelación de este amparo.
Esperan que la CC deje en firme la resolución de la Sala Regional Mixta de Apelaciones con el fin de que el concejo vuelva a conocer el recurso de Reposición.
Interior del proyecto inmobiliario. 
Porton Los Apóstoles.
Esta no es la primera vez
“Existe una clara violación a los derechos de las comunidades porque las licencias que otorgó la municipalidad son irregulares por no haber seguido el procedimiento correspondiente. Es decir, no se nos consultó y no tenemos derecho al 15 % de la tierra en compensación social”, explicó, García.
Las autoridades auxiliares “no están en contra del desarrollo”, manifestaron, pero se debe respetar la voluntad de las comunidades. Exhortaron a las autoridades municipales aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y de Ordenamiento Territorial (PDM-OT) de forma consensuada, para evitar la discrecionalidad y posibles actos de corrupción.
El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la aldea de Santa Ana, también libra un proceso legal en contra de la municipalidad y una desarrolladora que pretende constuir un condominio en ese territorio.
La última diligencia que llevó a cabo el Cocode con el Juzgado de Asuntos Municipales fue una inspección ocular para constatar lo trabajos realizados hasta ahora. Esperan el informe oficial de dicho juzgado.
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