30 octubre 2024
De esta manera evitarán que lo designado para obras que no se empleó, se vayan al fondo común y se distribuyan en otras entidades del Estado.
Por Pilar Rodríguez
La Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) busca reformar el artículo 45 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. Así, los recursos sin ejecutar de los Consejos Departamentales de Desarrollo no ejecutados no serán transferidos al fondo común.
Cuando esto sucede, al siguiente año fiscal, se distribuye entre todas las entidades del Estado. Ahora quedarán blindados y dedicados para uso de los Codede. Con esto se espera agilizar el cumplimiento del proyecto.
La reforma «establece un sistema de desembolsos progresivos y condicionados». Se discutirá y revisará por artículos para posteriormente entrar en vigencia. Fue propuesta por los diputados Julio Héctor Estrada, Carlos Enrique López Maldonado, Alberto Eduardo De León Benítez, Adim Maldonado, Byron Leonidas Tejeda Marroquín, Mario Velásquez Pérez, Darwin Edgardo Ramírez Cameros y Jairo Danilo Orellana Sandoval.
En la sesión ordinaria número 45, el Congreso aprobó en tercer debate la Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo. Foto Carlos Vicente.
Preocupados por los retrasos
Según los ponentes, el procedimiento actual contemplado en la Ley Orgánica de Presupuesto, “establece asignaciones presupuestarias rígidas para un solo año calendario”. Esto impacta negativamente la planificación y ejecución de obras.
Alegan que el proceso de reprogramación a inicios del año fiscal, para acomodar los saldos no ejecutados de proyectos del periodo fiscal anterior, resulta en retrasos en la ejecución. “Afecta la continuidad de los proyectos del periodo fiscal anterior”, agregan.
Según los diputados esta es la causa de que un monto de más de Q1 mil 500 millones, originalmente asignados a Codedes, “hayan ido a parar al fondo común” en los últimos cinco años.
Subcuenta del fondo común
Según las reformas propuestas a la ley del presupuesto, los Codede deben programar los desembolsos y enviarlos a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar las cuotas financieras correspondientes. Esta dirección trasladará los recursos según el avance de los proyectos y la recaudación legalmente establecida.
Al finalizar el ejercicio fiscal, los diputados proponen que el Minfin transfiera la recaudación de IVA Paz a la Cuenta Única del Tesoro para los Consejos de Desarrollo, lo cual asegura disponibilidad para continuar proyectos.
Carlos Gossmann, Coordinador del área de Presupuestos públicos y derechos humanos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explica que esta “subcuenta” del fondo común es nueva. Blinda los recursos de los Codede para que no se repartan dentro de las demás dependencias del Estado si no son ejecutados.
“Si los recursos sin ejecutar se van al fondo común, se reparten entre las entidades gubernamentales el siguiente año fiscal”, instruyó. Ojoconmipisto reportó anteriormente, esta misma intención de proteger los fondos de los Consejos, se ve en el Proyecto de Decreto de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025.
El artículo 119 del proyecto de decreto permitiría que los saldos que no se ejecutaron en los Codede del aporte extraordinario del 2024, se trasladen para 2025. Los Consejos no tendrían que devolverlo al fondo común.
Además, proponen que los Consejos puedan solicitar una ampliación presupuestaria para incorporar saldos de obras del ejercicio anterior. Esta solicitud debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 15 de febrero del año fiscal correspondiente.
Ineficacia a la hora de ejecutar
“La iniciativa no deja de lado los procesos de planificación necesarios”, dice Gossmann. Y no sanciones mayores a aquellos consejos o municipalidades que no le dan continuidad a dichas planificaciones y no logran ejecutar las obras. “El hecho de que no hayan logrado ejecutar los proyectos que planifican cada año quiere decir que hay ineficacia en la capacidad de gestión de las municipalidades”.
El proyecto de ley no contempla procesos de posibles mecanismos de corrupción, recordó. Tampoco expresa un tema de control de precios de las obras. “Muchos de los proyectos planificados están sobrevalorados”.
