El secretario municipal, Modesto Salazar, y el gerente operativo, Jorge Chun, de la municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, comparecieron hoy en audiencia de declaración testimonial ante el juez pesquisidor, Rocael Girón, por un proceso de antejuicio en contra del alcalde Víctor Hugo del Pozo.
Ambos funcionarios fueron propuestos como testigos por el jefe edil que fue denunciado por el Conservador y representante legal del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala CNPAG), Norman Muñoz.
La denuncia consiste en que el jefe edil permitió la colocación de vallas publicitarias en los postes del tendido eléctrico en algunas calles de la ciudad colonial sin la autorización del ente protector. Ciudadanos denunciaron el hecho por redes sociales el 31 de enero pasado.
Desobedecen
El 2 de febrero, el conservador interino, Marvin Borrayo, en un oficio enviado a las autoridades municipales, advirtió de la ilegalidad de esas vallas y ordenó su retiro en los tres días siguientes. No obstante, la autoridad demandada no acató lo ordenado.
El 10 de febrero, personal del ente protector procedió a retirar dichas vallas de la 2ª. avenida Norte, 3ª. Calle Oriente y 4ª. calle Oriente, pero fueron copados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito para evitar el retiro del producto denunciado.
Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, lo que derivó las diligencias de antejuicio en contra del alcalde del Pozo.
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Jorge Chun, Gerente Operativo. 
Modesto Salazar, Secretario Municipal.
Sí, pero, no
En su declaración, Salazar, confirmó la existencia del oficio del 2 de febrero que fue recibido en la ventanilla de recepción municipal. Ese documento pudo haber sido enviado al departamento jurídico o al Juzgado de Asuntos Municipales, dijo.
Sin embargo, aseguró que no recordaba de su recepción debido a los innumerables documentos que reciben. El oficio pudo haber sido trasladado al despacho o a una de las comisiones del Concejo. Pero no recordó que ese tema se haya abordado en sesión del ente colegiado.
Además, cuestionó la “legitimidad del nombramiento accidental del Conservador de la ciudad” y aseguró que dicha denuncia es espuria.
Preguntas del juez
-Juez: ¿Qué es lo que le consta a usted en relación a la instalación de las vallas que no tenían la autorización del Consejo de Protección?
–Salazar: Lo que me consta es que no recuerdo el día exacto. Cuando me encontraba caminando hacia la municipalidad vi unas vallas publicitarias que hacían alusión a un programa de seguridad por la colocación de cámaras (de videovigilancia) en Antigua. Como tema administrativo no me consta nada.
–Juez: ¿Recuerda usted la recepción del documento que envió el CNPAG para el retiro de las vallas?
–Salazar: No recuerdo el contenido del texto. Personalmente no lo conozco. Creo que fue enviado por la naturaleza de su contenido al departamento jurídico o al Juzgado de Asuntos Municipales para determinar qué acciones se debería seguir.
-Juez: ¿Si el documento fue enviado al departamento jurídico, tiene conocimiento de cuál es el tratamiento que se le dio al documento, o si hubo comunicación de su parte con ese departamento?
–Salazar: En este momento no lo recuerdo.
Desconoce
En tanto, Chun, en una escueta declaración aseveró que desconocía el oficio enviado por el CNPAG para retirar esas vallas. Admitió que se le hizo una solicitud al ente protector para que devolviera las 33 vallas incautadas.
Preguntas del juez
-Juez: ¿Tiene conocimiento del oficio que envió el CNPAG para el retiro de las vallas en Antigua Guatemala?
–Chun: Conozco el caso por las constancias dentro de este proceso de antejuicio.
–Juez: ¿Tiene conocimiento del hecho del 10 de febrero cuando se retiraron algunas vallas que fueron colocadas?
-Chun: Tuve conocimiento de esos hechos porque hacía un recorrido por la ciudad, dentro de mis funciones, entonces me di cuenta del hecho.
–Juez: ¿Cuáles son las funciones de la gerencia que preside?
-Chun: Supervisar, coordinar y apoyar trabajos de las diferentes direcciones municipales
El juez pesquisidor, Rocael Girón, cuenta con 60 días a partir del 5 de julio último para entregar su informe a la Corte Suprema de Justicia si procede o no el retiro de la inmunidad que goza el jefe edil.
