Un despido masivo dejó fuera de sus cargos a un grupo de empleados municipales el año pasado. Una jueza de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Sacatepéquez, ordenó su reinstalación. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo confirmó la resolución.
No obstante, un miembro fundador del Sindicato de Trabajadores Municipales de Antigua Guatemala (Sintramuni), Daniel Gallardo, aseguró que el despido laboral fue ilegal. Los empleados despedidos fueron 25 (Más información del caso).
La orden de reinstalación se emitió el 26 de abril de 2019. La confirmación, el 16 de diciembre del mismo año.
Asimismo, recordó que el 2 de abril de ese año comenzaron la formación de un nuevo sindicato ante la instancia pertinente. El proceso quedó inconcluso debido al despido masivo. No se siguió el debido proceso.
Por aparte, un sindicato mantiene a la municipalidad emplazada desde el 2010. Esto obliga a la empleadora a solicitar autorización de juez competente para cualquier despido laboral.
Hasta ahora, hay dos resoluciones favorables a los demandantes. Esto significa que los empleados tienen la razón, argumentó.
La multa impuesta por cada empleado cesado es de diez salarios mínimos de trabajos no agrícolas. Ese salario corresponde a Q3,075,010. De no acatar lo ordenado esas cifras se duplicarán, agregó.
También deberá pagar salarios y prestaciones laborales desde el despido hasta la reinstalación.
Apelarán
Al respecto, el alcalde interino, Diego Arriola, aseveró que la municipalidad apelará la resolución emitida.
Además, esa resolución es un daño al erario municipal, agregó. No permite la ejecución de proyectos y programas de beneficio a las comunidades.
Decisiones desatinadas
Para el presidente de la Asociación Ixim para el Desarrollo Local, Ernesto Sitamul, la administración municipal tuvo decisiones desatinadas al no acatar la resolución de la primera instancia.
Reconoció el derecho de los trabajadores a la organización sindical. Sin embargo, esta acción es un daño al presupuesto municipal porque no hay inversión social.
Retardar el proceso
La abogada María Eugenia Contreras aseveró que la municipalidad puede utilizar el mecanismo constitucional de amparo. Pero estaría atrasando lo ordenado por las dos instancias referidas.
Recordó que la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha sido coherente con las resoluciones de reinstalación. Porque las instancias respectivas ya quedaron agotadas.
Al respecto, Daniel Gallardo, admitió que el erario municipal se verá afectado por este fallo. Pero se debe a la irresponsabilidad de los funcionarios municipales. Ellos incurrieron en despidos ilegales, agregó.
No tienen derecho
Para el Secretario del Sindicato de Empleados Municipales de Antigua, Edwin Leonel Guerra, ellos no tienen derecho a la reinstalación. Eran empleados de confianza de los departamentos de Recursos Humanos y Jurídico.